El gran reto en 2022 será que esta ley se aplique de forma armonizada por parte de las comunidades autónomas, ya que contribuiría a que se lograra una unidad de mercado con la que se ganaría en coordinación y eficiencia. Sin embargo, no hay que olvidar que la ley permite que las administraciones autonómicas puedan revisar los tipos impositivos al alza, por lo que se prevé que se mantendrá la actual falta de armonización y, por ello, se continuarán trasladando los residuos entre comunidades autónomas, lo que afectará al objetivo ambiental de la ley y también a las estimaciones de recaudación.
Además, en 2022 se llevará a cabo el desarrollo normativo de los envases mediante la aprobación del Real Decreto de envases y residuos de envases. En lo que compete a los residuos de envases industriales será fundamental que se mantenga el rigor a la hora de catalogar su peligrosidad para que reciban los tratamientos ade- cuados a sus características. Hay que recordar que una clasificación inapropiada de los residuos peligrosos acarrea riesgos de acciden- tes para los gestores de residuos y posibles problemas para la salud de las personas.
Otro de los hitos de 2021 que seguirá afectando mucho durante el año que comienza es la obligatoriedad de la tramitación electrónica para el traslado de residuos mediante la plataforma telemática eSIR y las de las comunidades autónomas. Ya es obligatorio desde el pa- sado mes de septiembre del pasado año pero, desgraciadamente, su funcionamiento ha sido muy deficiente y, una vez más, no se ha escuchado lo suficiente a productores y gestores, que son los prin- cipales usuarios de estas plataformas.
La falta de capacidad de tramitación, continuos errores y dificultad de uso han sido la tónica habitual de estos meses, generando una gran inseguridad jurídica. Además, nos encontramos con varias plataformas autonómicas que se aplican según los casos para los traslados dentro o fuera de su territorio, lo que introduce gran com- plejidad en la gestión. Esto se verá notablemente agravado en 2022 por la llegada de nuevas plataformas autonómicas que fragmenta- rán aún más esta tramitación.
En principio, la digitalización de los procesos viene a aportar segu- ridad y a reducir carga de trabajo. Sin embargo, por los problemas indicados, la realidad ha sido la contraria y esta digitalización con- sume mucho más tiempo y recursos de los gestores que cualquier tipo de tramitación anterior. Lo más problemático de esta situación es que los poderes públicos no han ofrecido un trámite alternativo que otorgue seguridad jurídica cuando la tramitación electrónica no sea posible de realizar por causas ajenas a los administrados. Esto va a seguir siendo una fuente de problemas en 2022.
A modo de ejemplo, en marzo de este año las memorias anuales de los gestores tienen que estar ya presentadas y esperamos que exis- tan incongruencias en los datos porque no se ha podido trabajar con la plena operatividad de la tramitación electrónica.
